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María Luisa Cuerda: “La radicalización en las redes sociales es una característica del terrorismo global de origen islamista”

María Luisa Cuerda: “La radicalización en las redes sociales es una característica del terrorismo global de origen islamista”

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La catedrática de Derecho Penal opina que este cambio de escenario criminológico exige nuevas respuestas, “que no deben consistir solamente en reformas de la legislación penal”

Los Servicios de Inteligencia nacionales se encargan de elaborar informes para contrastar, valorar e interpretar la información que sirve para orientar la acción de los gobiernos en su proyección exterior, “pero nunca deben determinar  los objetivos, deben hacerlo desde sus gobiernos”, manifestó el  catedrático de Derecho Penal  por la Universidad de Valencia, José Luis González Cussac, durante su intervención en el Curso sobre ‘Ciberterrorismo, Cibercriminalidad y Ciberamenazas’, que se desarrolla dentro de la  XXVII  Universidad de Verano de Maspalomas. 

González Cussac, que también es director del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales, ofreció la conferencia ‘Servicios de inteligencia y contraterrorismo’, en la que expusolas diferentes competencias y funciones de los servicios de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente de la policía.

Autor de más de cien publicaciones, consultor y asesor internacional de varios gobiernos,  el penalista español que más ha escrito sobre estas materias explicó que  los Servicios de Inteligencias, que tuvieron su esplendor en la Guerra Fría, tiene su origen en los militares y embajadores y fue en el siglo XIX cuando se utiliza, por primera  vez,  el término de ‘policía secreta’, que dio origen a películas basadas en relatos de contrainteligencia, como ‘Homeland’ y ‘Philby, el maestro de los espías’.

González Cussac, considerado como uno de los ‘padres’ de la reforma del Código Penal, puso ejemplos de acciones encubiertas, como el uso de drones que llevó a cabo Obama, como presidente de Estados Unidos, y la captura de Big Laden.

“Si una agencia de Inteligencia tiene poder para fijar los objetivos de un Estado se convierte en una situación peligrosa” y, en su opinión, las tomas de  decisiones se deben hacer con el  menor nivel de incertidumbre. Y por eso hay líderes políticos  que han llegado a afirmar que “la Inteligencia es falsa”, como dijo Henri Kissinger: “no se qué tipo de inteligencia quiero, pero la reconozco cuando la tengo”, mientras que Helmunt Khol afirmó que “el 80 por ciento de los informes son falsos y el 20 restante se puede leer al día siguiente en la prensa”.

González Cussac se refirió al modelo español de Inteligencia, representado por el CNI y aprovechó para recodar que  “España es el único país que no desclasifica los documentos con el paso del tiempo, “por eso no sabemos que pasó en la Guerra de África o en la Guerra Civil”, a este respecto señaló que la ley de Secreto Oficiales es la única ley anterior a la Constitución.

Para el penalista, la responsabilidad política no exime de un compromiso ético y de plantearse  limites y puso como ejemplo la dificultad  para acceder a  los secretos de Estado. En su opinión, “en muchos lugares del mundo  se están derrochando y se están aprovechando de los Servicios de Inteligencia” y se mostró partidario del empleo de la Inteligencia como prueba legal y la producción de inteligencia bajo supervisión de un juez.

La radicalización en las redes sociales

Por su parte,María Luisa Cuerda Arnau, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Jaume I de Castellón, ofreció la conferencia sobre  ‘Autoadoctrinamiento y autoadiestramiento en red’, en la que expuso que “la radicalización a través de las redes sociales es una característica singular del terrorismo global de origen islamista”.

Y puso como ejemplo  el  espacio de propaganda en la red e incitación a la incorporación de seguidores que  promueve  la organización Daesh, lo que supone “un cambio en el escenario criminológico que exige nuevas respuestas”, que  no deben consistir solamente en reformas de la legislación penal,  “sino en otro tipo de medidas preventivas que permitan una ágil detección y neutralización del problema”. 

No obstante,  afirmó que es  frecuente que una de las primeras reacciones del Estado, frente a este tipo de amenazas, sea la inmediata reforma del Código Penal, “pese a que, por una parte, es muy relativa su utilidad para frenar algunas de esas estrategias comunicativas y, por otra, se corre el riesgo de limitar indebidamente libertades constitucionales, como la libertad de expresión, ideológica, religiosa, derecho a la información, entre otras”. 

Concretamente, la catedrática se refirió al precepto del artículo 575 del Código Penal que castiga el autoadoctrinamiento y el autodiestramiento con penas de prisión que pueden llegar hasta los 5 años, “pero hay que preguntarse si ese es el modo más eficaz para combatir el fenómeno, frente a otras actuaciones estatales, como impulsar acciones como las previstas en la Red de sensibilización contra la radicalización (RAN) o reforzar los mecanismos policiales y de Inteligencia”.

Para acabar, la catedrática dijo que este tipo de preceptos plantean problemas constitucionales desde la perspectiva de los principios y libertades constitucionales, ya que posibilitan sancionar conductas que no representan en sentido estricto una incitación al delito sino un mero posicionamiento ideológico, y, “en consecuencia, se estima que preceptos de esta naturaleza son muy discutibles tanto en términos de legitimidad democrática como en términos de costes y beneficios”.

Para terminar, el secretario General de la Asociación Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Yery Rojas, habló sobre  ‘El terrorismo en Latinoamérica’,  especialmente en Bolivia y Perú, para explicar que la tradición jurídica en estos países  ha usado al terrorismo para defenestrar al enemigo político de un  Gobierno.

“Hay que tener cuidado con la utilización del delito de terrorismo  y usar una interpretación restringida que solo se limite a los casos que realmente causen pánico en la sociedad y no manipular las layes, agregó Rojas.

Puso como ejemplo,  un caso que ocurrió en Bolivia hace 10 años, cuando  el Gobierno utilizó el terrorismo para arrasar con la oposición política. “Realmente en  Bolivia no hay atentados terroristas, sino la utilización de actos terroristas para amedrentar  al enemigo político”.

Rojas explicó que en su país se utiliza los tipos penales de  ‘financiación del terrorismo’ y  ‘separatismo’ para atemorizar a los opositores políticos y puso como ejemplo, que se  ha denunciado, que el Gobierno llegó a contratar a una milicia terrorista que participó en la Guerra de los Balcanes para cometer acciones violentas en las que supuestamente todos los jefes de la oposición estaban involucrados. “Por eso  en Bolivia  hay muchos exiliados y  no hay oposición”, agregó.

Programa para mañana miércoles

La jornada del miércoles, 25 de julio,  se inicia a las 17 horas  con la intervención de Miguel Abel Souto, catedrático acreditado de Derecho Penal y director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa en la Universidad de Santiago de Compostela, para hablar del ‘Blanqueo de dinero y financiación del terrorismo". A las 17:30 horas, Pablo López, segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ofrecerá la primera parte de la conferencia ‘Ciberterrorismo vs. madurez en ciberseguridad’, y a las 18:15 horas, la  segunda parte de este asunto.

La XXVII UVM está organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con otras instituciones y empresas, como Fundación Parque Científico Tecnológico, Rotary International,  Asociación Chrysallis, Casa África, Hospital San Roque Maspalomas, Global, Canaragua, Instituto Técnicas Verbales, Equilibrium Team, Hotel Meliá Tamarindos y Rocas Rojas, entre otros.