‘Leyenda negra, masonería filosófica y legislación de memoria democrática: aspectos históricos y constitucionales’, es el título de la ponencia que ofreció Luis Gordillo, profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, en el curso ‘La Masonería Filosófica ante la Ley de Memoria Democrática: una perspectiva jurídica e histórica’, celebrado en la Universidad de Verano de Maspalomas.
En su intervención, Gordillo analizó cómo, durante el franquismo, la Masonería se convirtió “en una categoría de sospecha política, moral y jurídica. La llamada leyenda negra antimasónica no fue únicamente un discurso propagandístico, sino un mecanismo de deslegitimación del pluralismo, de la libertad de conciencia y de la sociabilidad civil, que permitió presentar a los masones como enemigos de España y justificar su persecución”.
En su opinión, este fenómeno no nació con el franquismo, puesto que desde el siglo XIX, “la acusación contra la Masonería fue utilizada en distintos contextos políticos para explicar los males del país, construir enemigos internos y desacreditar ideas liberales, laicas o democráticas. Algunos restos de ese discurso se pueden encontrar en sectores marginales de la opinión pública".
En su exposición, Gordillo abordó “el paso de la propaganda al Derecho represivo, especialmente a través de la legislación franquista contra la Masonería y el comunismo y la actuación de las jurisdicciones especiales. Este análisis permite comprender hasta qué punto un régimen autoritario puede instrumentalizar el Derecho para perseguir ideas, pertenencias asociativas y formas de pensamiento incompatibles con su proyecto político”.
Represión de la Masonería en España
Otro de los ponentes fue Jesús Soriano, en su intervención sobre ‘Memoria democrática y represión de la masonería en España: una reflexión jurídica necesaria’, manifestó que “hablar de memoria democrática y de la represión de la Masonería en España no significa únicamente volver la mirada hacia un episodio concreto del pasado contemporáneo español, ni limitarse a una revisión retrospectiva de la legislación represiva promulgada durante la dictadura franquista. Significa adentrarse en uno de los escenarios donde con mayor claridad se manifiesta la tensión histórica entre libertad y uniformidad, entre pluralismo y exclusión, entre ciudadanía y sometimiento ideológico”.
Jesús Soriano es Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España y presidente de la Academia de Estudios Masónicos.
En su opinión, la persecución de la Masonería en España “no constituyó una anécdota secundaria dentro del entramado represivo del franquismo, sino una expresión particularmente intensa de la lógica profunda del régimen, señalando un enemigo total sobre el que proyectar todos los males de la nación y cuya eliminación simbólica y material debía servir para legitimar el nuevo orden político surgido de la Guerra Civil”.
Para Jesús Soriano hablar de la memoria democrática adquiere una dimensión especialmente relevante, “porque obliga a ir más allá de la mera descripción de los hechos y exige comprender las razones culturales, políticas y morales que hicieron posible aquella persecución. No basta con recordar que existieron tribunales especiales, leyes represivas, depuraciones profesionales y confiscaciones patrimoniales. Es necesario analizar el imaginario político que permitió transformar la pertenencia a una organización en prueba suficiente de culpabilidad y que convirtió la discrepancia ideológica en signo de enemistad esencial frente al Estado”.
Por su parte, Fernando Navarro, catedrático de Derecho Penal de la ULPGC y presidente de la Asociación del Profesorado de Derecho Penal de las Universidades Españolas, intervino con la exposición sobre ‘Memoria democrática y justicia restaurativa’, en la que estableció el vínculo entre la masonería española y el instrumento de la justicia restaurativa, a través de la noción de memoria democrática.
Para ello, Navarro explicó los conceptos de memoria democrática y justicia restaurativa, que, “con independencia de las definiciones y concretos contenidos de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, no es una rara avis en el Derecho comparado. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Portugal, tienen disposiciones legales conceptualmente similares”.
El catedrático de Derecho hizo una reflexión sobre estas dos expresiones, en el contexto de la Masonería española. “Si se trae a colación la justicia restaurativa es porque es posible identificar a la masonería española como una “víctima de un delito”, de modo que se hace necesaria la reparación a la que toda víctima tiene derecho. En este contexto aparece la Ley sobre represión de la masonería y del comunismo publicada en el BOE de 2 de marzo de 1940, ejemplo paradigmático del llamado Derecho Penal de autor de los regímenes autoritarios, donde se castiga por lo que se es, no por lo que se hace, propio del Derecho Penal del hecho de las sociedades democráticas”.
A modo de consideración final, Navarro resaltó que “es a la Masonería a la que le compete pronunciarse si estima que se ha reparado el daño causado. Es decir, si con las actuaciones y actos llevados a cabo, por las instituciones públicas en España, se han colmado las exigencias derivadas de la justicia restaurativa”.
La represión en Canarias
Por su parte, Florentino Guzmán, profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos, intervino con la conferencia sobre ‘La represión de la masonería en Canarias ante la Ley de Memoria Democrática: perspectiva jurídica e histórica’, en la que analizó la persecución sufrida por la Masonería en Canarias, durante la dictadura franquista.
Guzmán abordó los mecanismos jurídicos de la represión, como sus consecuencias humanas, sociales y patrimoniales, y explicó cómo el régimen franquista convirtió “la pertenencia a una logia en un motivo de persecución política e ideológica”, con el estudio de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 del Tribunal Especial, creado para su aplicación y de los expedientes abiertos contra masones canarios.
Guzmán destacó el papel de Canarias “como un importante espacio de sociabilidad masónica” y reflexionó sobre la construcción de la Masonería como “enemigo” del Estado franquista”, con el análisis de la vulneración de principios fundamentales del Estado de Derecho, como la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la presunción de inocencia y la irretroactividad de las normas sancionadoras.Propuso realizar, desde la perspectiva de la Ley de Memoria Democrática, “una relectura crítica de los expedientes represivos, entendiéndolos no como pruebas de culpabilidad, sino como testimonios de persecución y vulneración de derechos” y reivindicó la necesidad de recuperar la memoria de las víctimas, restaurar su dignidad y contribuir al conocimiento de una parte relevante de la historia contemporánea de Canarias y de España.
La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.